El triunfo del gobierno de Evo Morales en el referendo constitucional del domingo plantea varias preguntas sobre el futuro de Bolivia en los próximos años.
La nueva Carta Magna fue aprobada por la mayoría de la población, lo que fortalece políticamente al presidente socialista y da un fuerte espaldarazo a las transformaciones radicales que ha encarado para "refundar" el país.
Tal vez el cambio más profundo que propone el texto constitucional es la reivindicación de la mayoría indígena oprimida y discriminada desde la Conquista española.
Hace tan solo 50 años, los habitantes originarios de Bolivia no tenían permitido transitar por la Plaza Murillo de La Paz, frente a la Casa de Gobierno.
Hoy las 36 etnias que existen a nivel nacional son frecuentemente acogidas allí por el presidente Morales, que proviene de la etnia aymara.
Con las reformas propuestas en la nueva Constitución, estos grupos tendrán más derechos en áreas como el gobierno, la Justicia y la tierra.
"La mayoría ha sido excluida por mucho tiempo", comentó a BBC Mundo Sacha Llorenti, viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales.
"A los indígenas se les permite votar recién en 1952 y aún hoy no tienen suficiente participación en la toma de decisiones. Su lengua, su religión y sus costumbres no han sido valoradas, y esto tenía que cambiar".
¿Confusión?
Sin embargo, estas reivindicaciones podrían enfrentar dificultades en su aplicación, al generarse zonas grises entre las instituciones nuevas y las que actualmente están en funcionamiento o dejarán de hacerlo.
Por ejemplo, la Carta Magna establece cuatro niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena, lo que podría causar confusión de competencias.
El texto reconoce la organización comunitaria de las etnias bolivianas y la potestad de sus líderes, algo que -para los críticos- podría provocar una superposición de jurisdicciones con las autoridades ya establecidas.
Asimismo, este aspecto ha despertado el recelo de los departamentos opositores al gobierno ubicados en el Oriente boliviano, que el año pasado aprobaron estatutos autonómicos de forma unilateral y que se resisten a perder atribuciones.
Por otra parte, la Carta Magna le confiere al sistema judicial de aymaras, quechuas y otras comunidades el mismo estatus que a la Justicia ordinaria.
La oposición cree que esta provisión podría causar un conflicto de competencias con los tribunales del Estado, además de temer que se legitimen de facto castigos colectivos como linchamientos y lapidaciones, que se han vuelto más comunes en los últimos años.
Sin embargo, el antropólogo boliviano Álvaro Diez Astete asegura que ambos sistemas judiciales ya han convivido en Bolivia sin mayores problemas.
"Las justicia comunitaria no reemplaza a la que aplica el Estado, como muchos creen", dijo Diez Astete a BBC Mundo. "Tiene funciones precisas y actúa en determinados delitos, como el adulterio y el robo de ganado".
"Una asamblea determina la inocencia o la culpabilidad del acusado, y las penas pueden ir desde trabajos comunitarios, ocasionalmente castigos físicos, hasta el destierro, que es la pena máxima. Los casos de asesinatos o robos agravados son remitidos a la policía y a los tribunales ordinarios", explicó.
Tensión
Además de dar más protagonismo a los indígenas, la nueva Carta Magna plantea otros cambios relevantes que podrían profundizar el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.
El texto permite la reelección presidencial por un período, fortalece el rol del Estado en la economía -ratificando la nacionalización de los recursos naturales-, promueve la redistribución de la tierra y define una serie de autonomías.
Los departamentos orientales rechazan la Constitución porque dicen que sienta las bases para que Morales se perpetúe en el poder, es demasiado estatista, podría restarles autonomía y discrimina a los blancos y mestizos en favor de los indígenas.
Esta puja entre dos visiones del país podría acentuarse no bien comience la reglamentación de la Carta Magna. Este proceso requiere la aprobación de más de un centenar de leyes en el Congreso y la oposición tiene mayoría en el Senado.
"La nueva Constitución da paz a quienes la buscaron, pero el mismo tiempo es el puntapié inicial de mayores conflictos, de modo que la discusión de artículo por artículo podría tomar varios años", dijo a BBC Mundo el analista político Carlos Toranzo.
"Si se quiere avanzar contra las autonomías departamentales, las regiones se defenderán. Si se trata de desplazar de la política a las clases medias urbanas por el énfasis étnico, esos sectores pelearán por sus derechos", ejemplificó Toranzo.
Él y otros analistas temen que la amenaza del gobierno de reglamentar la Carta Magna por decreto empeore aún más la situación.
Otro tema que puede generar confusión es la puesta en marcha de la llamada "Asamblea Plurinacional" que reemplazará al actual Congreso. La nueva Constitución dispone una cuota de parlamentarios indígenas por circunscripciones que aún deben definirse. ¿Pero se superpondrán estos distritos con los ya establecidos? .
Crisis económica
Uno de los problemas tal vez menos comentados que enfrenta el presidente Morales en la aplicación de la Carta Magna es la crisis financiera internacional, que ha devaluado los precios de las exportaciones, los minerales y el gas natural de Bolivia.
Según Toranzo, una transformación tan profunda como la que intenta realizar el gobierno resulta más fácil en tiempos de bonanza.
"Hoy Bolivia siente los efectos de la crisis económica. Una cosa es ofertar todo un nuevo mundo cuando el barril de petróleo supera los US$100 y otra cosa es hacerlo cuando no pasa los US$40", afirmó.
"Las prioridades de la gente podría ser otras, tales como cuidar su bolsillo y su alimentación".
El Pais,España
El ajustado resultado del referéndum complica la gobernabilidad de Bolivia
La oposición a Evo Morales habla de "empate técnico" y pide un pacto nacional
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ (ENVIADA ESPECIAL) - Santa Cruz - 27/01/2009
La victoria del sí en el referéndum constitucional boliviano, celebrado el domingo, dibuja un escenario complejo porque aunque el presidente Evo Morales ha obtenido un respaldo suficiente, incluso amplio para los parámetros europeos (según los sondeos rondará el 60%, punto arriba, punto abajo, aunque con el 34,9% de los votos escrutados, la ventaja era del 52,9%), también es cierto que el no ha triunfado en la llamada media luna, la zona oriental del país, donde cuatro departamentos (de los nueve en que está dividida Bolivia) han dejado claro su rechazo. La media luna no ha quedado, ni mucho menos, aniquilada ni se ha visto obligada a presentar la capitulación, como esperaban los representantes del Gobierno.
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