sábado, 6 de noviembre de 2010

La Europa nueva


SAMI NAÏR

La reunión del 28 de octubre en Bruselas de los jefes de Estado y de Gobierno de Europa constituyó un giro importantísimo en la evolución de la construcción europea. En realidad, las decisiones clave se tomaron en la reunión previa en Deauville el 18 de octubre entre Angela Merkel y Nicolas Sarkozy. Estas decisiones pretenden restablecer el orden en la zona euro y acabar con las divergencias presupuestarias cada vez más peligrosas entre los países que acaban de salir de la recesión y los que siguen estando metidos en la tormenta.


El continente vuelve a la realidad; las desilusiones van a ser amargas
Tres medidas esenciales fueron adoptadas: primero, no habrá reforma estructural de los tratados, sino solo una ligera modificación para introducir un mecanismo de rescate en caso de crisis, o sea legalizar la creación del fondo de rescate acordado este año entre los socios europeos para ayudar a los Estados con dificultades. Todos los socios estaban de acuerdo para introducir este mecanismo, pues la crisis demostró la rigidez del Tratado de Lisboa.
El compromiso consensuado corresponde fundamentalmente a las exigencias de Alemania y Francia, aunque los dos países no comparten la manera en la que habrá que afrontar la crisis mundial. Esta divergencia ocultada en Bruselas aflorará a la hora de decidir sobre la reforma del sistema monetario internacional en la próxima cumbre del G-20, presidida por Francia.

En Bruselas, se aceptó el mecanismo de rescate pero se rechazó la idea alemana, apoyada según lo consensuado en Deauville por Francia, de suspender el derecho de voto a los socios incapaces de cumplir con los requisitos del Pacto de Estabilidad. Pero Alemania consiguió no modificar la cláusula que prohíbe jurídicamente la existencia de un mecanismo de rescate. Aunque una mayoría de Estados lo hubiera admitido, Merkel lo rechazó alegando que tanto el Bundestag como el Tribunal Constitucional alemán nunca aceptarían dicha modificación.
Eso es porque Alemania, Francia y otros países del norte consiguieron que el plan de rescate actual sea por tres años (hasta 2013) y que deba contar con el apoyo no solo de los Estados de la Unión y el FMI, sino también con una participación de los bancos privados. El presidente del Banco Central, el señor Trichet, atacó esta decisión, pero fue criticado de manera tajante por el presidente Sarkozy, quien salió en defensa de lo acordado con Merkel.
Curiosamente, y es una muestra de la profundidad de la crisis, hemos visto a unos jefes de Estado de izquierda de los países más afectados pedir indulgencia para los bancos y proclamar su apoyo a Trichet, mientras que los principales líderes conservadores pedían la participación del sector privado financiero en el esfuerzo global. Se trata, por supuesto, de una inversión dictada por las circunstancias: estos Estados, sobre todo España, Grecia y Portugal, no quieren enfrentarse a los bancos porque necesitan préstamos en los mercados financieros.

El significado de este compromiso es muy importante para el porvenir de Europa. Hay por lo menos cuatro puntos que destacar. Uno: el periodo del plan de tres años supone que va a resolver los problemas de los países insolventes. Pero ¿qué va a pasar si eso no funciona? Alemania dejó claro desde el año pasado que no va a aceptar una modificación estructural de las reglas del juego en la zona euro, porque no quiere debilitar su referente histórico: el marco. Ahora bien, las medidas de ayuda se acompañan de "reformas" presupuestarias en los países concernientes que no van a contribuir al relanzamiento de las economías.
O sea, es más que probable que dentro de tres años haya que renegociar todo. Dos: el acuerdo debilita a la Comisión, al Parlamento Europeo y al Banco Central, pues concentra la toma de decisiones en las manos del Consejo Europeo. Además, el presidente de Europa, Van Rompuy, está relegado a un papel técnico e incluso no fue invitado a Deauville. Tres: la crisis ha puesto de relieve el carácter directivo del eje franco-alemán. Más: hubo una alianza entre Reino Unido, Francia y Alemania para rechazar la demanda de aumentar el presupuesto europeo.
Cuatro: de todo esto sale reforzado el papel de los Estados-nación, o sea de la cooperación intergubernamental en vez de la integración virtualmente federalista. Esta tendencia va a configurar el retrato de Europa en el nuevo ciclo que se está abriendo con la crisis financiera. Dicho de otro modo: Europa vuelve a la realidad; las desilusiones van a ser amargas...

jueves, 4 de noviembre de 2010

Responsabilidad en Washington

TRIBUNA: JOHN PODESTA
JOHN PODESTA 04/11/2010

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Es imposible no comprender el mensaje que han transmitido las elecciones de mitad de mandato celebradas el pasado martes. Los estadounidenses se sienten profundamente frustrados por la forma de gobernar de sus dirigentes. El debate político es de un partidismo sin precedentes, y los electores, en las tres últimas convocatorias, han mostrado que quieren algo nuevo, casi lo que sea, que cambie esa situación. Quieren ver avances en la economía, la creación de empleo, los impuestos y el déficit federal. Independientemente de lo que voten, esas son las cuestiones de las que los ciudadanos quieren que se ocupen sus representantes en el Congreso. Y quieren que lo hagan ya.

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Los republicanos ya no pueden seguir siendo el partido del no. Deben cooperar en el Gobierno
Ese mandato general de los votantes, el de que "arreglen la situación", incluye una serie de responsabilidades que van a exigir tanto a los republicanos -la nueva dirección de la Cámara de Representantes y sus colegas de la minoría en el Senado, que ha salido reforzada-, como a los líderes demócratas del Senado y el presidente Barack Obama y su Administración. Para los republicanos, eso significa que deben contribuir al gobierno de nuestro país. Después de las votaciones del martes, ya no pueden seguir siendo el "partido del no". Los dirigentes republicanos deben elaborar propuestas legislativas serias para abordar los graves problemas que afronta Estados Unidos hoy y en el futuro.

Por su parte, los líderes demócratas del Senado y la Administración de Obama deben estar dispuestos a colaborar con los republicanos en busca de acuerdos positivos. Los economistas, de derecha, de izquierda y de centro, pueden estar de acuerdo en que el Gobierno de Obama y el Congreso de mayoría demócrata han rescatado nuestra economía de una segunda Gran Depresión, pero los votantes han dejado claro que eso ya se ha quedado atrás. Lo que quieren ahora es que los republicanos y los demócratas trabajen juntos para impulsar la economía hacia una recuperación sostenida y una expansión que cree puestos de trabajo.

Para obtener los acuerdos necesarios, nuestro presidente y comandante en jefe tendrá que estar abierto a nuevas ideas. Pero también tendrá que establecer unos límites claros que el debate político no puede rebasar. Tal vez parezca contradictorio con la necesidad de llegar a acuerdos, pero, para gobernar con unas instituciones divididas, además de estar abierto a explorar diversos medios de llevar el país hacia adelante, es preciso tener claridad de principios y de propósitos. Con el poder ejecutivo en su mano, la ayuda de sus colegas demócratas en el Senado y la Cámara y su capacidad de veto, el presidente Obama será quien fije las directrices políticas de nuestro país. En el Centro para el Progreso Americano pensamos que hay que trazar tres límites innegociables.

En primer lugar, el debate inmediato -este mes y el que viene- sobre la política fiscal debe atenerse a dos objetivos: la reforma debe producir un crecimiento sólido y encaminar al país hacia la disciplina fiscal; y debe ser justa para la mayoría de los estadounidenses y sus familias. Cualquier reforma fiscal coherente debe cumplir esos dos requisitos. Los recortes fiscales del presidente Bush para los más ricos no cumplían ninguno de los dos.

Segundo, el debate sobre nuestro déficit federal a largo plazo no puede incluir la privatización de la Seguridad Social. Las elecciones del martes no expresan, en absoluto, el deseo de que se destruya este compromiso intergeneracional fundamental de los ciudadanos en nombre del bien común. El objetivo de la reforma debe ser fortalecer y asegurar la Seguridad Social, no privatizarla.

Por último, el presidente y los demócratas deben mostrarse firmes ante la promesa republicana de revocar su mejor logro de los dos últimos años: la prestación de una atención sanitaria asequible y de calidad a todos los estadounidenses. La aplicación de la reforma debe seguir adelante, no solo por los beneficios fiscales que supondrá durante los próximos decenios, sino por los cruciales beneficios sociales y de salud que revertirán a la gran mayoría de la población a medida que entren en vigor los distintos aspectos de la ley. Una ley que merece contar con el tiempo que sea necesario para funcionar.

No hay duda de que los nuevos líderes del Partido Republicano tendrán sus propios límites innegociables que presentarán al presidente Obama y a los congresistas del otro partido. Pero deben comprender que, con su nueva mayoría en la Cámara, han adquirido la responsabilidad de tener que determinar esos límites de tal forma que permitan al Gobierno de Washington seguir adelante con lo que los votantes han dejado claro que quieren. Los votantes quieren que nuestra economía crezca, que se cree empleo y que haya disciplina presupuestaria. Eso significa preocuparse por el futuro de nuestro país, no tratar de derrocar al presidente.

Soy optimista y creo que va a ser así, porque sé que el pueblo estadounidense lo desea; y está dispuesto a votar para que Washington le escuche.


John D. Podesta es presidente del Fondo de Actuación del Centro para el Progreso Americano. Fue jefe de Gabinete del presidente Clinton y copresidente del equipo de transición del presidente Obama. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.